Probidad y Transparencia

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Organismos obligados

La Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública obliga a un amplio espectro de instituciones y organismos. Aquellos que están obligados a cumplir con la ley en forma íntegra son los ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades y todos aquellos servicios y organismos que han sido creados para dar cumplimiento a la función administrativa. También deben cumplir con todas las disposiciones de la nueva Ley las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

En tanto, los organismos constitucionalmente autónomos, como la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral, sólo tienen la obligación de cumplir con las disposiciones de Transparencia Activa, manteniendo a disposición del público en sus sitios institucionales aquella información que la ley les señala. Asimismo, estos organismos deben generar sus propios mecanismos internos para gestionar las solicitudes de información que las personas pudieran hacerles, pero no están sometidos al control del Consejo para la Transparencia.

Las empresas públicas -como Metro, Ferrocarriles, Codelco, Correos de Chile, Enami, Zofri, Polla, Enacar- o sociedades donde el Estado tenga más del 50% de sus acciones o mayoría en su directorio, estarán obligadas a mantener actualizada la siguiente nómina de antecedentes:

su marco normativo.

su estructura orgánica u organización interna.

las funciones y competencias de cada una de sus unidades u órganos internos.

sus estados financieros y memorias anuales.

sus filiales y todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención y el fundamento normativo que justifica esos vínculos.

la composición de sus directorios y la individualización de los responsables de la gestión y administración de la empresa.

información consolidada del personal y toda remuneración percibida en el año por cada director, presidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo y gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa, incluso aquellas que provengan de funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo que le hayan sido conferidos por la empresa, o por concepto de gastos de representación, viáticos y regalías.

la remuneración total percibida por el personal de la empresa, en forma global y consolidada.

Las empresas o sociedades tienen la obligación de entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superintendencia a la cual se encuentren sometidas, la misma información a que están obligadas las sociedades anónimas.